Pero es precisamente este hecho, su funcionamiento informatizado, lo que hace al sistema electrónico de pagos más vulnerable. Aunque se consiguen estándares y protocolos de seguridad cada vez más avanzados, los sistemas informáticos son siempre susceptibles de ser invadidos por piratas informáticos.

Aunque los usos fraudulentos de las tarjetas representan un porcentaje muy bajo del total de las transacciones que se realizan, suponen la principal preocupación de los usuarios.

Un fallo de seguridad en un banco, antes de que introdujeran los ordenadores, propiciaba que alguien pudiera llevarse dinero de ese banco. Ahora, un fallo de seguridad provoca que, desde cualquier lugar del mundo, alguien pueda introducirse en sus sistemas informáticos y realice transacciones o extraiga datos de las cuentas y de sus titulares que pueden ser usados fraudulentamente. Un ejemplo es el robo en junio de 2005 de los datos bancarios de más de cuarenta millones de usuarios de MasterCard en Estados Unidos.

Además, el coste del fraude recae prácticamente en su totalidad sobre la entidad financiera y no sobre el cliente titular de la tarjeta que ha sido utilizada fraudulentamente. Pero los bancos repercuten el gasto debido al fraude en sus clientes. Así que cuando se realiza una estafa utilizando una tarjeta de crédito, no es finalmente el banco quien asume los gastos, ya que las comisiones que se nos cobran prevén el porcentaje de fraude que se va a sufrir.